Puesto que es un tema bastante interesante, he creído conveniente que mis vecinos de Mojácar(y el resto también) conozcan la realidad sobre las sanciones del botellón en Mojácar.
En 2012, el Ayuntamiento dirigido por la conservadora Rosa Mª Cano, decidió incrementar las sanciones a ciudadanos fundamentalmente por botellón. Según los datos de la liquidación de presupuesto de 2012, la gestión de la alcaldesa fue la siguiente:
Coste de extras en la policía local: 188.936,16€, fundamentalmente ocasionado porque la plantilla de policía local se queda corta en verano y se ven obligados a doblar turnos y a traer policías de otros pueblos.
Coste de enviar notificaciones a los sancionados: 25.096,21€
A estos costes hay que añadirles el del servicio de recaudación de Diputación, que cobra a los ayuntamientos el 4% sobre lo recaudado en ordinaria y además se queda con los gastos de demora íntegros en caso de que el ciudadano no pague tras ser sancionado. También habría que añadirles los costes de personal, que en ocasiones moviliza a 4 o 5 personas durante días preparando las notificaciones y tratando los datos en el sistema informático.
Importe de las multas emitidas por botellón: 349.882,00€, de los que tan sólo se han recaudado 150.362,00€, es decir que prácticamente un 57% de los sancionados no paga las multas.
Como se puede ver, el proceso de sanción del botellón le cuesta dinero al pueblo de Mojácar. Llegado a este punto y con la experiencia vista sobre los resultados, reitero una vez más que debería de concentrarse el botellón en un punto del pueblo donde no moleste, donde se pueda controlar, y donde se pueda cobrar por entrar un importe que cubra los gastos de limpieza y control del sitio. También habría que plantearse si el número de extras de policías locales es el correcto o está de más, aunque con un botellódromo las necesidades serían menores al concentrar el fenómeno social del botellón en un punto del pueblo.
En 2012, el Ayuntamiento dirigido por la conservadora Rosa Mª Cano, decidió incrementar las sanciones a ciudadanos fundamentalmente por botellón. Según los datos de la liquidación de presupuesto de 2012, la gestión de la alcaldesa fue la siguiente:
Coste de extras en la policía local: 188.936,16€, fundamentalmente ocasionado porque la plantilla de policía local se queda corta en verano y se ven obligados a doblar turnos y a traer policías de otros pueblos.
Coste de enviar notificaciones a los sancionados: 25.096,21€
A estos costes hay que añadirles el del servicio de recaudación de Diputación, que cobra a los ayuntamientos el 4% sobre lo recaudado en ordinaria y además se queda con los gastos de demora íntegros en caso de que el ciudadano no pague tras ser sancionado. También habría que añadirles los costes de personal, que en ocasiones moviliza a 4 o 5 personas durante días preparando las notificaciones y tratando los datos en el sistema informático.
Importe de las multas emitidas por botellón: 349.882,00€, de los que tan sólo se han recaudado 150.362,00€, es decir que prácticamente un 57% de los sancionados no paga las multas.
Como se puede ver, el proceso de sanción del botellón le cuesta dinero al pueblo de Mojácar. Llegado a este punto y con la experiencia vista sobre los resultados, reitero una vez más que debería de concentrarse el botellón en un punto del pueblo donde no moleste, donde se pueda controlar, y donde se pueda cobrar por entrar un importe que cubra los gastos de limpieza y control del sitio. También habría que plantearse si el número de extras de policías locales es el correcto o está de más, aunque con un botellódromo las necesidades serían menores al concentrar el fenómeno social del botellón en un punto del pueblo.
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